La Senadora Di Tullio y El Defensor Del Pueblo Guido Lorenzino Le Solicitaron A La Justicia Que Anule El Incremento Del Transporte En El AMBA
La senadora nacional por la Provincia de
Buenos Aires Juliana di Tullio, junto al Defensor del Pueblo de la Provincia
Guido M. Lorenzino, presentaron hoy en la justicia un pedido de anulación de
las tarifas de transporte por considerar “irrazonable
e ilegal” el aumento tarifario que dispuso el gobierno nacional.
El pedido de anulación fue presentado
esta tarde en el Juzgado Federal N2 de La Plata en lo civil, comercial y
contencioso administrativo.
La medida de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Infraestructura de la Nación dispuso un nuevo cuadro
tarifario con aumentos del 251% para colectivos y de 247% para trenes.
En la presentación se sostiene que la resolución de la Secretaría de Transporte
es
“irrazonable”, que “no guarda relación con los salarios”
y que “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho
a la circulación, al trabajo y a la educación”.
Cabe destacar que la mencionada
resolución careció de los procedimientos esenciales en su elaboración, no
proporcionó información clara y accesible a los usuarios del sistema y, además,
no se llevó a cabo una audiencia pública. La participación ciudadana se vio
limitada a expresarse electrónicamente, siempre y cuando sus comentarios no
excedieran los 5000 caracteres. Como punto final, es importante señalar que, en
la fecha de su realización, la audiencia estaba suspendida debido a una medida
cautelar dictada el 24 de enero de 2024 por el Juzgado de Feria Federal en lo
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas De Zamora N°3.
El aumento en las tarifas, además de ser
irrazonable, es inmoral debido a su impacto directo en los sectores más
vulnerables de la sociedad. Asimismo, la obligación de registrar la tarjeta
SUBE representa un mecanismo de control social que afecta la esfera de
intimidad de estos mismos sectores, configurando una indebida injerencia del
Estado. Por último, la Resolución 5 fue emitida por un funcionario
incompetente, ya que el Secretario de Transporte de la Nación no posee la
facultad para aprobar e implementar tarifas.
“Es
un aumento injusto que, en el contexto socioeconómico actual, perjudica a cinco
millones de usuarios y usuarias que día a día se trasladan a sus trabajos y
hogares. Si buscamos una tarifa justa y razonable debe existir una
determinación precisa de todas las variables, cuya transparencia encuentra
fundamento en la información adecuada y veraz que exige nuestra Constitución
nacional, lo que no sucedió en las audiencias públicas realizadas ya que no
fueron suficientemente explicitados los componentes que influyen en los costos
del servicio y la ganancia empresaria”, coincidieron Lorenzino y Di Tullio.
Además, explicaron que “ante cualquier aumento en las tarifas no se
debe pensar exclusivamente en la rentabilidad de las empresas, sino que debe ir
de la mano con la situación de los ingresos de los consumidores y consumidoras.
Es claro que los salarios no acompañaron el ritmo inflacionario, sobre todo
teniendo en cuenta que el transporte tiene un carácter de servicio público
esencial que es necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales
como el trabajo, la educación y la salud”.
